La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevera, denunció una “muerte lenta” de la institución, y sostuvo que el gobierno de Javier Duarte les sigue debiendo 2 mil 75 millones de pesos. Acusaron además que la administración estatal les está fabricando deudas a la universidad para no pagarles. La rectora alertó que si el gobierno del estado no paga el adeudo total, se corre el riesgo de que la educación universitaria ya no sea pública, y que los veracruzanos tengan que pagar por estudiar en la UV.
Por Rosalía Vázquez
Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo/BlogExpediente).- Después de más de dos años de adeudos, lucha de declaraciones públicas, abrazos hipócritas con las autoridades estatales y una enorme crisis financiera para la Universidad Veracruzana (UV), la rectora Sara Ladrón de Guevara anunció que interpuso dos denuncias penales contra el gobierno del estado por el incumplimiento de pago completo y oportuno de 2 mil 76 millones de pesos de los subsidios estatal y federal ordinarios. Y promovió un amparo ante el presupuesto asignado para éste 2016.
En conferencia de prensa, ayer la rectora junto a la secretaria de finanzas de la UV, Clementina Guerrero García, y al abogado general Alberto Islas Reyes, detallaron que al ver que el diálogo y negociación con el gobierno estatal no dio resultados, decidieron emprender las acciones legales.
Al anuncio de la rectora se adelantó el sectario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, que aseguró la UV le debe más al gobierno que lo que el gobierno adeuda por subsidio a la universidad. Éste viernes se convirtió en el inicio de la lucha final entre el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y la Universidad Veracruzana a manos de Sara Ladrón de Guevara.
DEMANDAN AL GOBIERNO DE DUARTE
Las denuncias penales fueron interpuestas el pasado 2 de febrero contra quien resulte responsable y bajo los delitos que las fiscalías consideren. La primera denuncia fue puesta ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos.
Sin embargo aún se encuentran a la espera de que la Fiscalía General del Estado permita la ratificación de la denuncia.
La segunda denuncia se hizo ante el Agente del Ministerio Público de la Federación en Xalapa, por la no entrega de 451 millones de pesos, y registrada con el número AP/ PGR/XAL-IV/ 012/2016/P.P. Ésta ya fue ratificada y se encuentra en proceso de investigación.
El juicio de amparo fue promovido por inconstitucionalidad de leyes contra el decreto 623 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2016, donde se contempla una disminución de casi 7 por ciento al presupuesto en relación con el otorgado en 2015.
La reducción representaría 249 millones 844 mil 705 pesos. El amparo fue interpuesto en el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Mixta en Xalapa, radicado con el expediente 75/2016.
Sara Ladrón aseguró que Flavino Ríos, secretario de gobierno de Veracruz, le llamó por teléfono una noche antes para conocer el motivo de la conferencia de prensa, al hacerle saber las acciones penales, él envío por la mañana una carta para cobrarle a la UV otros conceptos.
«Sólo quiero hacer una precisión, no son 447 millones 813 mil 983 pesos 32 centavos los que estamos cobrando, estamos reclamando un total de 2 mil 76 millones de pesos».
La rectora advirtió que si el gobierno del estado no paga el adeudo total, se corre el riesgo de que la educación universitaria ya no sea pública, y que los veracruzanos tengan que pagar por estudiar en la UV.
«El riesgo es acabar con la educación pública, que los estudiantes tengan que pagar sus cuotas, un semestre en la UV cuesta alrededor de 60 mil pesos por alumno. La universidad tiene un compromiso con Veracruz, el desarrollo de este estado se ha gestado en nuestras aulas. El riesgo es que sólo la clase con posibilidades económicas acceda a la educación superior».
MUERTE LENTA A LA UV
El economista e investigador de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata, alertó que «no hay mucho tiempo, podemos empezar una etapa de sobrevivencia. Si este año por lo menos [el gobierno] da el presupuesto asignado, la universidad seguirá trabajando un tiempo con ese recurso. Va a ser una muerte lenta pero segura. No vamos a sobrevivir».
Y es que de acuerdo a los procedimientos legales, pasarán alrededor de 6 meses para que se pueda integrar una investigación previa, por lo que podría concluir el año 2016 y aun no obtener los recursos que el gobierno estatal adeuda.
A eso se suma que la universidad tiene adeudos millonarios con proveedores y prestadores de servicios, y que cada año los sindicatos solicitan incremento salarial, y a que el dinero que la universidad tiene ni siquiera alcanza para pagar la nómina.
«Tenemos el recurso de la federación aunque fue reducido el presupuesto. Procuraremos seguir trabajando. La universidad está operando con el 50 por ciento del presupuesto. Estamos operando en el más bajo presupuesto en la historia».
Clementina Guerrero indicó que sólo por hablar de algunas cifras, la UV debe más de 85 millones de pesos a sindicatos, 95 millones a prestadores de servicio, 80 millones a aportaciones de seguridad social.
Entre las cobranzas, el secretario de rectoría, Octavio Agustín Ochoa Contreras, acusó que el gobierno del estado debe además 204 millones de pesos que el gobierno no ha pagado para obras que se iniciaron y están detenidas, y obras que ya tienen licitación y contrato pero que no han podido ser iniciadas.
EL GOBIERNO NO QUIERE PAGAR, SÓLO QUIERE COBRAR
Antes de que Sara Ladrón anunciara las acciones penales interpuestas contra el gobierno, el secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado emitió una carta pública cobrando a la UV por cuotas del IPE y el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
Sin embargo en dicha carta contempla un adeudo del gobierno estatal mucho menor al anunciado por la rectora.
«Usted reclama el pago de 447 millones, 813 mil 983 pesos 32 centavos, sin embargo, el subsidio adicional que el Gobierno del Estado ha efectuado al Instituto de Pensiones del Estado por concepto del pago de las jubilaciones a sus 2,958 trabajadores universitarios pensionados que la UV no alcanza a cubrir con sus cuotas y aportaciones, ha significado una erogación de 3 mil 481 millones 767 mil 917 de pesos 30 centavos para esta administración».
Según las cuentas del gobierno estatal, la UV no sólo no debe cobrar, además le adeuda al gobierno 3 mil 033 millones, 953 mil 933 pesos 98 centavos.
Después citó a una conferencia de prensa donde el Secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, amenazó con tomar acciones fiscales contra la UV por no pagar lo correspondiente al impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que es de 400.6 millones de pesos.
“Tenemos la posibilidad de requerir fiscalmente a la Universidad de requerir el pago, tenemos la capacidad de ejecución fiscal, abrir un expediente de ejecución fiscal para requerir el pago y en su caso, en caso de que no lo hiciera, tenemos los elementos que la Ley y el Código Fiscal establecen para hacer obligatorio el requerimiento».
CRÓNICA DEL COBRO
2 de septiembre 2013.- Sara Ladrón toma posesión como rectora y a su llegada descubre un adeudo de 900 millones de pesos que mantenía el gobierno del estado con la universidad. En las reuniones con el gobernador Javier Duarte, le indicaron que no había recursos estatales pero que la deuda se iría saldando.
7 de septiembre 2015.- la deuda no sólo no fue saldada, además fue incrementando durante esos dos años. Ese día Duarte de Ochoa declaró públicamente que no era obligación del gobierno pagar esa deuda.
La rectoría respondió ante esa declaración puntualizando el monto del adeudo, buscó y consiguió el respaldo de la ANUIES y emitió una carta donde era respaldada por todos los rectores de las u universidades del país, que exigían al gobierno cumplir con el pago.
30 de septiembre.- se realizó una reunión con el gobernador y secretarios de gabinete. Duarte se comprometió a saldar los pendientes en tres meses. Sara Ladrón aseguró que hubo un cambio de actitud en el gobernador. Duarte de Ochoa incluso ofreció una calendarización de pagos que la SEFIPLAN debía entregar al área de finanzas de la UV.
También se comprometió a entregar de manera inmediata los 451 millones de pesos pendientes del subsidio ordinario federa.
Poco después el gobierno estatal emitió una carta donde aseguraba que la universidad mantenía un adeudo con el gobierno del estado porque no había pagado las cuotas de sus trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado. Después el mismo gobierno se retractó indicando que el pago al IPE lo realizaba el estado.
14 de noviembre.- Después de que la rectora entregó de manera personal una carta al presidente de la República Enrique Peña Nieto, indicando el adeudo que el estado mantenía con la máxima casa de estudios, Javier Duarte la citó a una reunión en casa Veracruz. Ahí una vez más, el gobernador se comprometió a pagar el recurso en diciembre del 2015. Un día después en su informe de labores, reiteró el compromiso.
Sara Ladrón indicó que no es obligación de la UV pagar las cuotas de los trabajadores al IPE, y que la misma ley exhibe a la universidad del pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo. Por lo que la universidad no adeuda nada al gobierno.
PROPONEN AUTONOMÍA FINANCIERA
El economista Hilario Barcelata anunció que junto a otros profesores están impulsando una propuesta para que la UV obtenga autonomía financiera a través de una reforma al artículo 10 de la constitución para que se le asigne el 5 por ciento del presupuesto estatal anual.
«Esto le daría nada más de recursos estatales algo así como 5 mil millones de pesos, la propuesta contempla que el presupuesto de un año no sea inferior al anterior, para evitar que se vaya reduciendo. Porque además las necesidades de la universidad van creciendo».
Aunque la propuesta no ha sido planteada formalmente a la rectora Sara Ladrón de Guevara, el investigador asegura que incluso ya hay legisladores que aseguran votarían por apoyar la reforma.
